Durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el envío al Parlamento de un proyecto de amnistía general que, según la comunicación oficial, abarcaría hechos de violencia política desde 1999 hasta la fecha, y ordenó además el cierre y la reconversión del centro de detención El Helicoide en Caracas.
La iniciativa excluye, según lo informado por el Ejecutivo, a las personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El texto definitivo del proyecto aún no fue publicado y su tratamiento quedará en manos de la Asamblea Nacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición recibieron el anuncio con cautela y exigieron transparencia en los criterios de exclusión y garantías procesales. Las ONG que relevan casos políticos señalan que, si bien en las últimas semanas se registraron liberaciones, persisten centenares de detenciones por razones políticas; en los registros mencionados por estas organizaciones constan cifras que aportan tensiones al debate sobre alcance y criterios de la medida.
Sobre El Helicoide, sede histórica del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y denunciada por organismos internacionales como lugar de detenciones arbitrarias, el Gobierno propuso su transformación en un centro social, deportivo y cultural destinado a familiares de efectivos y a las comunidades vecinas.
El proyecto de amnistía abre ahora un proceso legislativo que deberá definir alcance, plazos y excepciones. Organismos internacionales, víctimas, familiares y actores políticos seguirán de cerca el tratamiento parlamentario para evaluar si la medida se orienta a la restitución de derechos o si corre el riesgo de generar impunidad frente a crímenes de gravedad.
